Jorge Simoes Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, confesó al fiscal peruano José Domingo Pérez durante el interrogatorio en Sao Paulo en febrero último que los aportes de la constructora brasileña a los partidos políticos en campaña electoral no solo beneficiaban al candidato presidencial sino también a los postulantes al Congreso.
Barata dijo algo más: “En algunos proyectos, que no tengo cómo precisar, sabíamos que los congresistas eran personas que estaban en las regiones. Hacían campañas regionales. Buscaban a veces a [los encargados de] algunas obras, y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin. Ese tipo de apoyo también ocurría”.
Estas gestiones no solo se limitaron a la campaña electoral de 2011 en la que salió elegido Ollanta Humala, según Barata. También se efectuaron en los gobiernos de Alejandro Toledo (2001) y Alan García (2006). ¿Cuál era el objetivo? En palabras de Jorge Barata la compañía buscaba trabajar sin temor a convertirse en una ‘empresa perseguida’ por la fiscalización de los congresistas. Por ello, con las donaciones de campaña de Odebrecht, se pretendía tener “algún acceso al Legislativo”.
Para tener una idea del negocio que estaba en juego, veamos las cifras:
Odebrecht, de manera individual o en consorcio, operó en 15 de las 25
regiones del país entre 2001 y 2016 y ejecutó en ese mismo período
proyectos de infraestructura (vía contrato y concesiones) que bordearon
los 50 mil millones de soles de presupuesto, de acuerdo a documentos
oficiales y pedidos de información realizados por Convoca.pe.
Jorge Barata prometió dar a los fiscales los nombres de los políticos a quienes apoyaron durante su campaña
Para conocer qué decisiones se tomaron en el Congreso en relación a
los proyectos ejecutados por Odebrecht,
Convoca.pe construyó dos
bases de datos para determinar quiénes fueron los candidatos al Poder
Legislativo que más votos obtuvieron en las regiones donde operó la
compañía brasileña a lo largo de 15 años, y que abarcaron tres procesos
electorales (2001, 2006 y 2011) que llevaron al poder a Toledo, García y
Humala. También para establecer quiénes fueron los candidatos que
resultaron elegidos y terminaron siendo autores de proyectos de ley que
facilitaron la ejecución por parte de Odebrecht de las obras más
importantes en nuestro país.
Como primer resultado del análisis, pudimos determinar que durante los
periodos legislativos que van de 2001 a 2016, 32 parlamentarios de
diferentes partidos o movimientos políticos presentaron 41 proyectos de
ley con el objetivo de facilitar y promover las obras que terminarían en
manos de la constructora Odebrecht y otras empresas brasileñas.
Treinta y dos parlamentarios presentaron 41 proyectos de ley relacionados a las obras que estaba en los planes de Odebrecht
Sin embargo, no todos estos proyectos de ley presentados para ser discutidos por los congresistas de las diferentes comisiones de trabajo obtuvieron luz verde para que se discutieran en el Pleno y con posibilidades de convertirse en una ley.
De los 41 proyectos ingresados a la Oficina de Trámite Documentario desde 2001, 25 fueron aprobados con el voto de la mayoría de integrantes de las comisiones. Las otras 16 iniciativas legislativas contaron con un dictamen desfavorable o fueron rechazadas de plano y archivadas.
"De los 41 proyectos ingresados a la Oficina de Trámite Documentario desde el 2001, 25 fueron aprobados con el voto de los integrantes de las comisiones"
El 8 de abril de 2001 el Perú celebraba en las urnas su derecho a elegir
sin temor a otro fraude electoral como en los tiempos de Alberto Fujimori.
Se eligieron a ciento veinte congresistas de 25 regiones para el periodo
legislativo 2001-2006; mientras los candidatos presidenciales Alejandro
Toledo (Perú Posible) y Alan García (Apra) se preparaban para una
segunda vuelta electoral que finalmente ganaría Toledo. Los directivos
de Odebrecht en el país observaban atentamente el nuevo escenario
político peruano buscando cómo allanar el camino para las futuras obras
de la empresa constructora.
Este camino se fue afirmando ya desde el primer año de gobierno de Toledo, cuando Odebrecht se adjudicó la rehabilitación de los sistemas de agua y desagüe del Callao, obra cuyo valor inicial fue más de S/. 69 millones (US$ 19 millones). Sin embargo, el consorcio brasileño apenas estaba comenzando.
Convoca.pe encontró que veinte de los 25 proyectos de ley aprobados
por los parlamentarios y relacionados a obras que ejecutó Odebrecht se
dieron durante el periodo legislativo 2001-2006, es decir durante el
gobierno de Alejandro Toledo, investigado por presuntamente recibir 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, proyecto que tuvo facilidades legales para su ejecución gracias a las gestiones en el Poder Legislativo. Las iniciativas de estos congresistas, finalmente, se convirtieron en leyes.
Firma brasilera inició la construcción de IIRSA Sur luego que iniciativas de congresistas se convirtieran en ley
Según las declaraciones de Barata efectuadas en febrero de este año, transcurrieron tres años antes de que Toledo recibiera en Palacio de Gobierno a los representantes de Odebrecht. El ejecutivo brasileño sostuvo que el mandatario “decía que éramos fujimoristas” debido a su participación en obras ejecutadas durante los años noventa. Con las renovadas relaciones en Palacio de Gobierno y con un Parlamento mayormente oficialista, la constructora brasilera terminaría adjudicándose las obras más importantes de ese periodo: Proyecto Olmos Trasvase, Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramo 2 y 3, e Interoceánica Norte (IIRSA Norte).
La ejecución de estas tres colosales obras, que requerían gran capital, fue posible gracias a las iniciativas de 21 parlamentarios de las bancadas Perú Posible, principalmente, Alianza Unidad Nacional, Apra y Unión por el Perú.
Del análisis de datos del periodo legislativo 2001-2006 se observa que siete de los veintiún congresistas autores de proyectos de ley, allanaron el camino para la ejecución de obras de la firma Odebrecht en sus propias regiones. Es el caso de los representantes de Cusco, Mario Ochoa Vargas por Unión Por el Perú (UPP), y Mario Molina Almanza, por Todos por la Victoria. Cada uno presentó en el Congreso una iniciativa para la obra IIRSA SUR tramo dos que finalmente costó al Estado un aproximado de S/. 2 mil 340 millones.
Es el caso también de los parlamentarios Gerardo Saavedra Mesones de Perú Posible y Luis Gasco Bravo del Apra que presentaron proyectos de ley que buscaron facilitar la ejecución de IIRSA Norte y el proyecto Olmos. Cada proyecto a cargo de la firma brasileña terminó costando S/. 2 mil 108 millones y S/. 708 millones respectivamente.
Para los otros dos periodos legislativos que iniciaron en 2006 y 2011, se observa que se presentaron iniciativas legislativas que también favorecieron la ejecución de obras importantes por parte de Odebrecht, pero en regiones distintas a la procedencia de los congresistas autores de dichos proyectos.
Las Interoceánicas Sur y Norte eran del interés del gobierno del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y de las empresas constructoras de ese país, como quedó demostrado en las reuniones binacionales realizadas incluso desde el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90.
En relación a dichos megaproyectos, parlamentarios apristas, peruposibilistas y de otras bancadas presentaron siete proyectos de ley relacionados directamente a IIRSA Norte en las comisiones de trabajo durante el periodo 2001-2005. Seis de esas iniciativas obtuvieron dictamen favorable para ser discutidas y aprobadas en el Pleno. Solo un proyecto no pasó el filtro de las comisiones.
Entre los congresistas autores de esos proyectos de ley figura el representante por Lambayeque, Luis Antonio Gasco tesorero nacional del Apra y responsable de las finanzas durante la campaña que llegó a Alan García, a la presidencial en 2006.
Exparlamentario y tesorero del Apra Luis Gasco presentó proyecto y apoyó cinco más relacionados a obras que serían adjudicadas a Odebrecht
Gasco Bravo presentó un proyecto de ley y apoyó otras cinco iniciativas que
buscaban allanar los proyectos en el norte y otros por los cuales la gigante
brasileña terminaría adjudicándose el Proyecto Integral Olmos e IIRSA Norte.
Estas iniciativas impulsadas por el parlamentario terminaron en leyes
aprobadas por el Pleno del Congreso.
En julio de 2001, apenas días de iniciada su labor legislativa el
congresista Gasco promovió la ejecución de la obra Olmos Tinajones
(Lambayeque) a través de un proyecto de ley. En ese mismo año él y su
familia registraron la primera de las tres sociedades offshore registradas
en Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo a los documentos filtrados del
bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.
En 2002, Luis Gasco promovió el proyecto de ley N° 2496/2002-CR destinado a declarar de necesidad y utilidad pública el Proyecto “Corredor Bioceánico Nor Oriental “Manuel Antonio Mesones Muro”, relacionado a la Interoceánica Norte.
Años después en diciembre de 2004, en la Comisión Agraria, el parlamentario aprista apoyó con su voto el dictamen que terminó en la Ley 28454, que permitió que el Estado peruano ampliara los terrenos donde se construiría el Proyecto de Irrigación Olmos, el mismo que se ejecutaría durante el gobierno de Alan García.
"Es necesaria la inclusión de las áreas de terreno al ámbito del Proyecto Olmos", dijo el parlamentario entusiasmado en la misma Comisión Agraria del Congreso de la República.
En el caso de IIRSA Sur, doce congresistas del período 2001-2006 presentaron 16 iniciativas en el Congreso que buscaron allanar el camino en la ejecución de esa importante vía que, para esa época, ya había sido culminada en el lado brasileño.
Sobre dicho megaproyecto, el exlegislador de Perú Posible por Arequipa, Gilberto Díaz Peralta, presentó el proyecto de ley No. 14329-2005-CR que terminó en la ley que permitió que Odebrecht se adjudique la Interoceánica Sur. Un hecho resaltante es que la agenda de la Comisión Permanente no tenía entre sus temas la discusión del proyecto, sino que fue incluida por insistencia del excongresista peruposibilista.
El exlegislador Gilberto Díaz señala que presentó proyecto porque fue una oferta electoral
Como presidente de la Junta de Portavoces, Gilberto Díaz consiguió ingresar
en agenda dicho proyecto de ley de su autoría y que finalmente se convirtió en
la ley No. 28670 que declaraba de necesidad pública y de interés nacional
algunos proyectos de envergadura, que se ejecutaban en ese momento como
los tramos 2, 3 y 4 de la IIRSA Sur y el Proyecto Olmos. Los 21 integrantes de
la comisión del Congreso, sin mayor trámite, aprobaron la ley en menos de 40
minutos.
“Presenté este proyecto porque fue una oferta electoral que tanto el
Presidente (Alejandro Toledo) como yo, como candidato al Congreso
habíamos ofrecido y era un ofrecimiento que lo hacían todos los
candidatos presidenciales y candidatos al Congreso”, señaló Gilberto Díaz a Convoca.pe.
“Hay muchos proyectos que se han presentado y aprobado de la misma manera, este es un proyecto que beneficiaba no sólo Arequipa sino todo el sur y obviamente los congresistas de la comisión permanente tuvieron interés de aprobar este proyecto. Acuérdese que esto se presenta en 2006 y estábamos en un año electoral y todos se estaban yendo a la reelección incluyéndome a mí”, mencionó también el exparlamentario.
Otro excongresista que fue uno de los impulsores en declarar de interés nacional la carretera Interoceánica Sur, fue el parlamentario de Renacimiento Andino, Eduardo Salhuana Cavides.
Salhuana Cavides presentó el proyecto de ley 07620/2003-CR
relacionado a IIRSA Sur, el mismo que se convirtió en 2004 en la ley No.
28214 que declaró de interés nacional y de urgente ejecución el asfaltado
del Proyecto Vial Carretera Interoceánica Perú – Brasil.
Iniciativa de excongresista Eduardo Salhuana de Perú Posible terminó en ley que declaró de interés nacional el asfaltado de la. Interoceánica.
Meses después, en febrero del 2005, el presidente Toledo nombró a Eduardo Salhuana Ministro de Justicia, Además, se pasó a las filas de Perú Posible. El abogado Salhuana no pudo ser ubicado para obtener su versión respecto a esta iniciativa que terminó en norma.
En diciembre de 2016, Jorge Barata señaló a los fiscales peruanos que Alan García, en su segundo gobierno, quiso impulsar el Metro de Lima que fue relegado por los anteriores gobiernos por la falta de recursos y por estar envuelto en un manto de corrupción.
“El Metro de Lima era un emblema de la ineficiencia del primer gobierno de Alan García. El gobierno de Alberto Fujimori no retomó el proyecto para mantener la caracterización del fracaso del gobierno anterior. Con el gobierno de Alejandro Toledo ocurrió lo mismo. Ninguno le dio prioridad al proyecto”, dijo Barata.
Obra del Metro de Lima a cargo de Odebrecht fue impulsada por congresista del partido de Alan García
“El gobierno cuando entró y prioriza el proyecto (…) en 2009 se hizo como obra pública y se trasladó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se creó un proyecto más atractivo para que participemos”, apuntó Barata.
En ese sentido, seis proyectos de ley fueron presentados desde 2006, ya en el gobierno de García, por cinco congresistas de las bancadas del APRA, Unidad Nacional y UPP para ejecutar los tramos uno y dos del Metro de Lima. Solo uno fue aprobado: El proyecto de ley N° 04077- 2010-CR cuyo autor fue el aprista Franklin Sánchez Ortiz y que fue convertido en ley en junio de 2010. Años después, con el destape del caso Lava Jato, se supo que funcionarios del Ministerio de Transportes recibieron sobornos de Odebrecht para la adjudicación del Metro de Lima.
La ley buscaba promover la ejecución y concesión de la infraestructura y
servicios del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima, que para
ese momento ya estaba a cargo de Odebrecht. Asimismo, el proyecto
designaba al Organismo Supervisor de Inversión en Transporte
(OSITRAN) para verificar los avances de las obras.
Precisamente, el titular de OSITRAN durante el gobierno aprista, Juan Carlos Zevallos, fue detenido en 2017 por cobrar sobornos a Odebrecht a fin de acelerar la emisión de los certificados de avance de obras en los tramos II y III de la Interoceánica Sur y otras obras de la constructora brasileña. Todo, finalmente, salía a pedir de boca como lo ha contado el exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata.